La situación migratoria en Perú se ha caracterizado por un elevado número de nacionales que emigran hacia diferentes partes del mundo, en contraste con un número reducido de inmigrantes. De tal suerte, en 2017 se estimó que tres millones de peruanos residían fuera del país, mientras que 152 000 extranjeros vivían en Perú. No obstante, desde el 2016 los procesos de inmigración hacia este país experimentaron un aumento considerable, en especial por las corrientes migratorias provenientes de Venezuela. De hecho, para agosto de 2019 el número de nacionales venezolanos en Perú ascendió a 871 000.
En atención a este perfil migratorio, el Estado peruano enfrenta retos en materia de atención al extranjero inmigrante y al nacional emigrante.
Para responder adecuadamente a estos desafíos, en 2015 se expidió el Decreto Legislativo No. 1236 de Migraciones, que reconoce los derechos fundamentales y garantías expresas para NNA; al igual que medidas en aras de la regularización migratoria y la reunificación familiar. En consonancia, en 2017 se aprobó la Política Nacional Migratoria del Perú, señalando entre sus principios el respeto por los derechos humanos.
No obstante, muchos de los aspectos específicos de la protección migratoria exigen un adecuado desarrollo en el nivel reglamentario para asegurar que las disposiciones legales se implementen con efectividad. En ese sentido, la llegada de una gran cantidad de ciudadanos venezolanos a Perú ha evidenciado brechas de regulación que dificultan la integración social de los migrantes.
La evaluación del cumplimiento de los Principios Rectores del Pacto, realizada por un grupo de expertos provenientes de ONG, gobierno central y local, la academia y otras organizaciones, muestra un cumplimiento mayor que el examen objetivo, pero apenas sobre el 50 %.
Los Principios mejor evaluados son el de “Respeto al Estado de Derecho y Debido Proceso” y el de “Perspectiva Infantil”. Los peores evaluados son los de “Derechos Humanos” y “Enfoque Pansocial”.
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La evaluación objetiva de las variables derivadas de los objetivos del Pacto, muestra un 46 % de cumplimiento, lo cual representa un nivel bastante bajo.
Los Objetivos peor evaluados son el No. 8, que corresponde a los esfuerzos para salvar vidas y emprender iniciativas coordinadas sobre migrantes desaparecidos, y el No. 12, que propone aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. Como se podrá observar, esta calificación objetiva es algo contradictoria con la evaluación subjetiva del principio de “Estado de Derecho y Debido Proceso”.
Los Objetivos mejor evaluados son el No. 9, referido a la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes; y el No. 22, sobre el establecimiento de mecanismos para la portabilidad de la seguridad y de las prestaciones adquiridas.
Heredando una larga tradición jesuita en el país, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nace en el año 2003. A través de los colegios San Pablo, San Martín o San Francisco de Borja, desde los siglos XVI al XVIII, los jesuitas han difundido los principios pedagógicos que dieron inicio a la creación de nuevas identidades educativas.
En el siglo XX, la comunidad jesuita fundó el Instituto de Humanidades Clásicas. En 1991, este pasaría a ser la Escuela de Pedagogía, Filosofía y Letras “Antonio Ruiz de Montoya” y, más tarde, la actual Universidad.
Con el transcurso de los años, la Universidad ha congregado un equipo de reconocidos intelectuales del medio, quienes nos permiten sentar las bases de una institución educativa a contracorriente de las tendencias tecnocráticas, que dejan de lado el sentido humanista enraizado en la idea misma de universidad.
Los cuestionarios fueron respondidos por 26 expertas y expertos de diversos ámbitos. De ellos, el 38,5 % pertenece a una ONG pro migrante, y el 26,9 % a alguna agencia del gobierno central.
La mayor parte de quienes participaron en los cuestionarios tiene menos de dos años de experiencia de trabajo en la temática.
Para evaluar cada país, el índice de cumplimiento se compone de dos tipos de indicadores: objetivos y subjetivos. El resultado del índice se obtiene mediante el promedio ponderado de ambos indicadores, donde los indicadores objetivos valen el 70 % del resultado final, y los subjetivos el 30 %.
Corresponden a 279 variables que permiten identificar la existencia, o no, de disposiciones normativas y dispositivos relativos a las acciones que se plantean en el Pacto Migratorio. Las variables se construyeron a partir de los 23 Objetivos del Pacto, los cuales contienen 61 compromisos que se cumplen mediante las 194 opciones de política pública propuestas por el Pacto —denominadas “acciones” en el documento— .
Las variables de estudio miden la existencia o no de disposiciones normativas o prácticas consignadas en las acciones del Pacto, por lo que fueron categorizadas con valores de 1 (Sí) y 0 (No). El porcentaje de cumplimiento de cada Objetivo del Pacto se obtiene por el promedio simple alcanzado por todas las acciones consideradas en cada Objetivo, y luego, el promedio simple entre todos los Objetivos otorga el resultado de la evaluación del país en los indicadores objetivos.
Para dar respuesta a aquellas acciones planteadas en el Pacto cuya concreción sólo puede ser evaluada por medio de juicios subjetivos, y con el objeto de abrir un espacio de debate respecto del cumplimiento de los estándares del Pacto por parte de la política migratoria de cada país, se consideraron una serie de indicadores de carácter subjetivo.
Se solicitó a la comunidad de expertos de cada país que evaluara la adhesión de la política migratoria a los Principios Rectores del Pacto. Esto se realizaría en base a determinadas acciones sugeridas en el mismo Pacto, cuya evaluación no podía realizarse a través de la observación objetiva de un instrumento de política pública.
Se construyó un cuestionario para cada Principio Rector con las preguntas subjetivas a evaluar. Cada pregunta solicitaba la calificación entre 1 a 10, en dependencia de si el experto estaba de acuerdo o no con la coherencia entre un ámbito específico de la política migratoria del país y el estándar propuesto en el Pacto.
Por expertos se entendió: investigadores, académicos, dirigentes de organizaciones sociales que trabajan con migrantes, líderes de organizaciones migrantes, profesionales y funcionarios públicos que trabajan con personas migrantes y otros afines.
Se contactó a estas personas por correo electrónico para convocarlos a participar de la evaluación, invitándolos a inscribirse en la evaluación de al menos dos Principios Rectores del Pacto.